La industria textil constituyó un importante modelo industrial durante el siglo XIX. La transformación del sector, preferentemente en Cataluña, dio lugar a un periodo convulso de cara a las reivindicaciones laborales de sus trabajadores y a la organización del trabajo.
Con la llegada de las llamadas «selfactinas» (palabra derivada del inglés, self-acting mules), consistentes en máquinas de hilar movidas por la fuerza del vapor, se mecanizaba una parte importante del trabajo de hilado donde la fuerza física dejaba de ser necesaria. Esta innovación tecnológica, inventada en el año 1824 por Richard Roberts y patentada en 1825, permitió dar un impulso definitivo a la mecanización de las hilaturas logrando multiplicar la capacidad de producción de hilado. Los industriales intentaron sustituir a los hiladores varones por mujeres, cuyos salarios mucho más bajos les permitían reducir costes. El nacimiento y auge de los sindicatos y asociaciones trataron de defender los intereses de los trabajadores varones frente a la más barata mano de obra de mujeres y niños.
La implantación de los hilados mecanizados originó en Barcelona, durante el mes de julio de 1854, el conocido como conflicto de las selfactinas. Algunas fábricas fueron incendiadas y hubo obreros que trataron de destruir la nueva maquinaria, tal como sucedió anteriormente en Inglaterra con los llamados «luditas» (nombre tomado de un supuesto aprendiz llamado Nedd Ludd que nunca existió). La introducción de la nueva maquinaria en el sector textil originó y aceleró en Inglaterra a comienzos del siglo XIX una fuerte crisis económica. Las revueltas en Inglaterra y la destrucción de la maquinaria por los luditas fueron copiadas en Cataluña años más tarde.
La mecanización del trabajo textil y las importaciones de materias primas desde Inglaterra, a través principalmente del puerto de Barcelona, provocaron cambios profundos en el sector.
El triunfo de la revolución de 1854 (conocida también como la Vicalvarada), tras el pronunciamiento del general O'Donnell, dio paso al llamado Bienio Progresista (1854-1856) bajo la presidencia del general Espartero. Contó primeramente con el apoyo popular de los obreros textiles que se habían movilizado contra el maquinismo recién importado y que condicionaba sus puestos de trabajo.
Las asociaciones obreras proliferaron, fundamentalmente en Cataluña, constituyendo una Junta Central para las reivindicaciones de sus derechos. El entonces gobernador civil de Barcelona, Cirilo Franquet Bertrán, dictó una serie de normativas (incluyendo las tarifas a aplicar) junto a otras disposiciones dictadas el 30 de abril de 1855, que en un principio fueron bien acogidas por los trabajadores del textil. Estas disposiciones se publicaron en el diario de Barcelona el 1 de mayo de 1855, como adjunto a continuación.
El pliego reproducido ha de entenderse como un éxito provisional de las reivindicaciones obreras del sector textil catalán al aceptarse la fijación de las tarifas de su producción, algo que lamentablemente duraría muy pocas fechas.
Como puede observarse, y en clara relación con el contenido del pliego, el punto dos de las disposiciones del gobierno civil recoge que:
«El precio de la mano de obra y las horas de duración del trabajo serán convencionales entre fabricantes y operarios y con arreglo a las tarifas de precios regulares establecidas o que se establecieren de común acuerdo, autorizándose estas solo para la fabricación de tejidos y para los talleres donde se reunieren más de cien operarios».
El pliego
Editado en Barcelona el año 1855 por la imprenta de Bosch y Compañía.
Si en un primer momento las disposiciones del gobierno civil dictadas el 30 de abril se consideraron como un cierto éxito, aunque cayera en el olvido apenas dos meses después, la complejidad de factores políticos y laborales hizo que significara un mero paréntesis en la lucha obrera. El día 2 de julio de 1855 se inició una huelga general, considerada como la primera huelga general de la historia de España en pleno reinado de Isabel II). Múltiples factores se entrecruzaron para fundamentar dicha huelga, entre otros, el achacar a las sociedades obreras una supuesta connivencia con las partidas carlistas que actuaban en el norte de Cataluña, pretexto poco creíble y usado con fines propagandísticos para avalar la dura represión. La huelga general supuso una gran movilización de los obreros para reivindicar el libre asociacionismo y las mejoras de sus condiciones de trabajo con el lema «asociación o muerte».
Los provisionales logros del sector textil donde se fijaron las tarifas, según recoge el pliego, apenas duraron dos meses. El desencadenante vino de la mano del nuevo capitán general de Cataluña, Juan Zapatero Navas, personaje cruel y arbitrario, quien inició una política de represión e intolerancia contra las reivindicaciones obreras. Tras declarar ilegales a las asociaciones y mutualidades de los trabajadores, procedió a la detención de líderes obreros. El día 6 de junio se ordenó en un juicio sin garantías la ejecución del líder obrero Josep Barceló, representante de la asociación de hiladores, acusado de instigador y ejecutor de un asesinato. Ello convirtió su figura en mártir de la clase obrera catalana y fue la mecha para la declaración de la huelga general proclamada el día 2 de julio y secundada por los distintos sectores de la industria.
En este contexto es donde hay que situar el pliego.
©Antonio Lorenzo
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